Ni Ley Ni Orden

No han pasado cuatro años y ya pronto habrá un cuarto Superintendente de Policía. Y lo que la Gobernadora Sila Calderón no pudo lograr en septiembre – la instalación de su mano derecha al Tribunal Supremo, se empeña en imponer de nuevo.

¿Acaso no hay otros temas que sí merecen su pasión? Si Calderón dedicara su tiempo y enfoque a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños en vez de pelear con miembros de su propio partido por asuntos de ego, tanto sería diferente. Planteles escolares cuidados, maestros bien remunerados, estudiantes preparados; salir a la calle no equivale poner la vida misma en peligro; un bajón de salud bien atendida. Un etcétera glorioso.

En vez, vemos el continuo deterioro de las escuelas, las carreteras, las clínicas de salud, planificación urbana caótica, desesperación aguda y agua maldita. Los salarios públicos una burla – a menos que sea miembro del Gabinete con sueldos que ascienden a más de $100,000 anuales; y con todo y eso hay quejas…– e inseguridad bestial que nos tiene como rehenes asfixiados en casa y en las escuelas.

No se ha visto coherencia en el Departamento de Policía. Se han visto una pasarela de súpers y súper-escándalos: que si unas pistolas fueron robadas, que si una escena del crimen fue abandonada luego de un vistazo ligero, que si unos policías abusaron de una muchacha en su celda, incluso hasta que si un escolta de la gobernadora fue asignado a conducir el Jaguar de su prometido para facilitar su día. La raíz del caos en la Policía está en la falta de un liderato fuerte e inteligente. Por lo visto, ser Superintendente es meramente un pit stop para posiciones con más caché; nada que hacer ahí sino aguantar unos meses y entonces echar para adelante.

El actual Superintendente se va porque $112,000 anuales no es suficiente para mantener un cierto estilo de vida que quiere. Está en todo su derecho de querer más. Por lo que la gobernadora y él deberían de entender muy bien, entonces, que los salarios que se les paga a los policías son una falta de respeto. Si hay $60 millones al año para cantarse las glorias en publicidad, pues de ahí mismo hay para aumentar los sueldos de los policías. Cuando se habla de aumentar los sueldos por $100 al mes, es de vergüenza. Ni suma a un dólar más por hora; ni sirve para comprar una taza de café.

Y la mofa de la gobernadora a todo lo que es justo y razonable ahora se está viendo con el nombramiento de una persona que engloba dignidad absoluta, Miriam Naveira Merly, como juez presidente – por siete meses, para abrirle paso a su amigo Ferdinand Mercado, abrumadoramente rechazado por todos los sectores recientemente. Es una movida cínica dado que Calderón pudo haberla nominado cuando se jubiló José Andreu García. Pero, la claque en esta administración no conoce la ley ni el orden. Como dijo una vez Potter Stewart (1915-1985), Juez Asociado de Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la pornografía, “No puedo definirlo, pero lo reconozco cuando lo veo”. Igualmente, la mayoría de nosotros no somos togados expertos, pero sabemos cuando se está desvirtuando la rama judicial que vigila por nuestra Constitución. En una democracia, el repudio del pueblo tiene que hacer temblar las paredes de La Fortaleza y parar en seco planes nefastos.

La gobernadora, quien prometió transparencia en su gestión y que se lucía intolerante ante cualquier forma de corrupción, se revela como una política más interesada en sí misma que en el pueblo. ¿De qué vale hartase de anunciar que su gobierno es limpio si su última jugada es sucia?

Será que quiere que pierda Aníbal Acevedo Vilá, ya que su escogido es Roberto Prats. Y si la gobernadora y Prats tienen que esperar cuatro años más para que Prats trate de ganarse la gobernación, pues que así sea. At all costs.

Muchos líderes populares han hablado y citado Luis Muñoz Marín, por lo visto no como ejemplo que ellos mismos desean seguir en la lucha por justicia social sino como un pasaporte al electorado popular que se siente exiliado por la claque elitista popular. Pues, Muñoz Marín dijo muchas cosas, y la que más tiene sentido repetir ahora a la administración ganadora del 2000 es, “El triunfo no da derecho ser canalla”.